El presidente nicaragüense acusó a la oposición de buscar enriquecerse con fondos públicos, mientras la Asamblea Nacional afín al oficialismo anunció el inicio de reformas legales para cerrar el paso a los sectores críticos. La medida generó un inmediato rechazo de Estados Unidos y de la OEA.
Durante el acto por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega aseguró de forma categórica que no se realizarán nuevos procesos electorales en el país. Acompañado por su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, el mandatario acusó a los dirigentes de la oposición de tramar conspiraciones y buscar financiamiento externo para acceder al poder y hacer negocios con los recursos del Estado.
Tras las declaraciones del jefe de Estado, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, confirmó que comenzó los análisis correspondientes para diseñar un plan de trabajo alineado con las directivas del Ejecutivo. Según se informó, el Parlamento prevé coordinar sesiones de trabajo con el Consejo Supremo Electoral para impulsar las modificaciones legales y constitucionales que fundamenten el nuevo esquema institucional.
Ortega, de 80 años, encabeza el gobierno nicaragüense ininterrumpidamente desde 2007, tras un primer mandato durante la década de 1980 luego de la caída de la dictadura de los Somoza. En los últimos años, el esquema de poder se consolidó junto a Murillo, quien pasó de ejercitar la vicepresidencia a ocupar formalmente la copresidencia del país tras una reciente reforma del esquema de gobierno.
La postura del Ejecutivo sandinista provocó una inmediata condena en el plano internacional. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la medida evidencia un abandono definitivo de las formas democráticas, mientras que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, calificó la decisión como una negación explícita del derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes.
