Es la primera vez, desde 1983, que el Senado vota en contra de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo; la oposición al juez superó los 40 votos, mientras que el catedrático fue vetado casi por más de medio centenar de legisladores.
El Senado rechazó por abrumadora mayoría los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, propuestos a mediados del año pasado por Javier Milei como jueces de la Corte Suprema de Justicia, y le asestó un duro golpe político al gobierno nacional y al asesor presidencial Santiago Caputo, artífice de la estrategia política de la administración libertaria para completar las vacantes en el máximo tribunal.
El pronunciamiento del Senado fue lapidario y se configuró con el voto de la mayor parte de los bloques kirchnerista, de la UCR y de Pro, quienes coincidieron en cuestionar la decisión del Gobierno de nombrar a ambos candidatos por decreto. El pliego de Lijo fue rechazado por 43 votos en contra y 27 a favor y la abstención del oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja). El de García-Mansilla, en tanto, concitó más oposición aún y terminó vetado por 51 senadores, y apoyado sólo por 20. Ambos necesitaban el respaldo de los dos tercios de los presentes para convertirse en jueces de la Corte. En el caso del catedrático, consiguió esa mayoría agravada, pero en contra de sus aspiraciones.
La sesión también estableció un hecho sin precedentes, al menos desde la recuperación democrática. Es la primera vez, desde 1983, que el Senado rechaza en el recinto el acuerdo a un candidato, en este caso dos, propuesto por el Poder Ejecutivo para un cargo judicial que requiere mayoría agravada. La norma era, hasta ahora, el retiro de los pliegos ante la falta de consenso político para alcanzar su aprobación. Así lo hicieron las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en sus intentos por nombrar jueces de la Corte y para la Procuración General de la Nación.
Ambos candidatos pagaron caro la obstinación del Gobierno, que se negó a buscar los consensos que exige la Constitución, y la estrategia diseñada por Caputo de forzar la letra constitucional y designarlos por decreto “en comisión” en el máximo tribunal para sortear la falta de votos en el Senado.
