El último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra 6,9 millones de desplazados en la República Democrática del Congo (RDC), siendo alrededor de 5,6 millones desplazados internos de las provincias congoleñas del este del país: Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganika. ¿A qué se deben estas migraciones masivas?
En la RDC se dan enfrentamientos entre el ejército de la República y milicias rebeldes, entre los cuales se encuentra el M23, organización acusada por el gobierno de querer controlar territorio rico en minerales y que ha tomado áreas estratégicas en la provincia de Kivu del Norte, al este del país. La situación hace a la inestabilidad regional, afectando a Burundi y Ruanda, esta última acusada por el Poder Ejecutivo de la RDC, la ONU y Estados Unidos de apoyar a los rebeldes del M23.
Desde la década de 1990, el Congo vive en situación de guerra. Las milicias que se enfrentan están conformadas por hutus, llegados a Kivu del Norte desde el Genocidio de Ruanda en 1994, y tutsis, que desde entonces se enfrentan respaldados por gobiernos regionales en busca de acceso a los recursos minerales del Congo.
El M23, particularmente, surgió en 2012 como un grupo de tutsis desertores de la RDC vinculados al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, una milicia hutu de Ruanda. Actualmente, es el grupo rebelde que más daños causa en el noreste del país, tomando localidades estratégicas, reactivando combates con el Ejército congoleño y alimentando una de las mayores crisis humanitarias, atendida por la mayor Misión de Paz de Naciones Unidas (MONUSCO).
Estos grupos rebeldes se vinculan con la minería ilegal, introduciendo la producción en la cadena de exportación de Ruanda y, de esta manera, obteniendo financiamiento. No es casualidad que las milicias ocupen Kivu del Norte, donde se produce más de la mitad del coltán que exporta el Congo. Este es un elemento fundamental para la industria tecnológica actual, ya que se utiliza para la fabricación de superconductores y baterías y otros componentes electrónicos de dispositivos como instrumentos de la industria médica, satélites y misiles. Y el Congo tiene aproximadamente el 80% de los depósitos mundiales. En estas minas, las condiciones son peligrosas, insalubres y forzadas, empleando incluso mano de obra infantil. A pesar de lo lucrativo de la industria, el país pierde dada la situación actual, con más del 80% de su población bajo la línea de pobreza. Quienes se benefician son sus vecinos, como Uganda, pero principalmente Ruanda, que exporta enormes cantidades de coltán sin tener minas propias.
La crisis en el Congo, por ende, no es una cuestión aislada, sino que involucra y desestabiliza a toda la región y preocupa a la comunidad internacional. Si bien el 4 de agosto del corriente año entró en vigor el acuerdo de cese al fuego entre la RDC y Ruanda, en el que ambos países se comprometieron, entre otras cuestiones, a detener el apoyo a los grupos armados y permitir el retorno seguro de los desplazados, tantos años de semejantes niveles de violencia son difíciles de terminar, y requieren de férrea voluntad política para cumplir con los compromisos asumidos y trabajar conjuntamente hacia una desescalada del conflicto y una resolución pacífica.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas viene renovando casi anualmente el mandato de la MONUSCO, que actualmente se extiende hasta el 19 de diciembre de este año. Cabe preguntarse si deberá extenderlo nuevamente o si podrá modificarlo a uno con el objetivo de acompañar la desescalada más que contener la guerra.
