La sesión especial convocada por el oficialismo en la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum al reunir apenas 126 legisladores presentes en sus bancas, quedando exactamente tres escaños por debajo de los 129 reglamentarios necesarios para dar inicio formal al debate parlamentario. La caída de la convocatoria dejó en suspenso una extensa y ambiciosa agenda legislativa impulsada por el Gobierno nacional, en la que sobresalían la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —conocida como Ley Malvinas— y la sanción definitiva de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Pese a que los distintos bloques políticos habían alcanzado previamente un acuerdo técnico en la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar los tiempos de exposición y las votaciones de una jornada estimada en más de trece horas, las ausencias determinantes de los diputados pertenecientes a los espacios Provincias Unidas y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) impidieron habilitar el recinto. De este modo, la bancada de La Libertad Avanza y sus bloques aliados no lograron compensar los lugares vacantes, dejando al descubierto la fragilidad numérica del oficialismo en la recta final del período de sesiones ordinarias.

Entre los puntos centrales que quedaron postergados destaca la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa estratégica que ocupaba casi diez horas del cronograma previsto. El proyecto contempla el endurecimiento de las sanciones penales y económicas por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, dispone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la órbita presidencial y establece penas de prisión de entre cinco y doce años por injerencia extranjera en procesos electorales, un capítulo que generó fuertes debates y obligó a incorporar exclusiones expresas para las actividades periodísticas, diplomáticas y académicas.

El segundo expediente relevante que quedó en suspenso fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había regresado a la Cámara baja en segunda revisión tras las modificaciones introducidas por el Senado en torno al régimen de designación y remoción de sus autoridades. La norma establece como mandato primordial preservar el valor de la moneda, prohíbe de manera taxativa el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional mediante emisión monetaria y fija criterios estrictos para la distribución de utilidades, obligando a destinarlas prioritariamente a la recomposición patrimonial y la cancelación de deuda pública.

La frustrada convocatoria también obligó a diferir el tratamiento de dos instrumentos internacionales clave para la integración regional: el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) —integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza— y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios. Ambos expedientes contaban con mecanismos de votación abreviada destinados a agilizar la reducción de barreras comerciales y actualizar el marco normativo para el intercambio regional de bienes y servicios.

Asimismo, el temario truncado incluía la aprobación conjunta de dos convenios de transferencia progresiva de competencias penales y de justicia criminal y correccional de menores desde la órbita nacional hacia el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un paso pendiente en el proceso de autonomía porteña. En el cierre de la jornada también estaba prevista la discusión de una reforma a la Ley 24.467 para facilitar el acceso de las cooperativas a los beneficios del régimen de pequeñas y medianas empresas.

Este revés legislativo evidencia la brecha existente entre los consensos alcanzados para organizar el funcionamiento interno de la Cámara y la capacidad política efectiva para reunir las mayorías necesarias en el recinto. Ante la proximidad del cierre del calendario ordinario y la necesidad de avanzar también con el Presupuesto 2027, el Poder Ejecutivo y la conducción parlamentaria del oficialismo se ven obligados a recalibrar sus negociaciones con los bloques dialoguistas para garantizar el quórum en las próximas convocatorias.