En el final de su mandato de 6 años, el presidente de México Andres Manuel Lopez Obrador aprobó una reforma judicial, única en el mundo. Plantea la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema.¿En qué consiste y cómo se dio su aprobación?
Las claves de la reforma: Voto popular de los jueces, reducción de la Corte Suprema, jueces “sin rostro” y un nuevo órgano de sanción
Se elegirán por voto popular al 100% de los integrantes del Poder Judicial Federal: Jueces, Ministros y Magistrados, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. El número supera los 1600 funcionarios. Este proceso comenzará a partir de junio de 2025, donde se elegirá a la nueva Corte Suprema y a la mitad de los jueces y magistrados de distrito. La otra mitad será en 2027, para así completar la composición del Poder Judicial. Los tres poderes presentarán candidatos, y los ciudadanos elegirán en las urnas.
- Habrá una reducción de los miembros de la Corte Suprema: de 11 a 9. Su presidencia rotará cada dos años, y dependiendo de la cantidad de votos que cada miembro obtenga, podrá permanecer en el cargo por 8,11 o 14 años. Los actuales miembros de la Corte Suprema deberán dejar su cargo en el 2025, y no podrán postularse en dichas elecciones el año próximo.
- Los requisitos para ser ministro también han cambiado: ya no hay edad mínima, se ha reducido de 10 a 5 años la experiencia necesaria siendo Licenciado en Derecho y se requiere un promedio de 8. También se deberán entregar ensayos, y 5 cartas de vecinos o colegas. Además, ningún ministro, juez o magistrado podrá percibir un salario mayor al del presidente de la República.
- En cuanto a los “jueces sin rostro”, se introdujo en la reforma esta polémica figura, que está presente en países de Latinoamérica cómo Perú y Colombia. Los jueces sin rostro son utilizados para juzgar a integrantes del crimen organizado sin revelar la identidad de quien está juzgando, para “preservar su seguridad”.
- Por último, también se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano independiente de la Suprema Corte. El Tribunal estará facultado para investigar y sancionar a jueces. Las sanciones pueden incluir amonestación, suspensión, multa, destitución e inhabilitación.
Un opositor, el voto decisivo
El proceso de aprobación se dio en tiempo record. En la Cámara de Diputados no hubo inconvenientes para el oficialismo, que el 4 de septiembre logró 359 votos a favor contra 135.
En el Senado, el proceso fue más complejo. El oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) necesitaba 86 votos a favor, pero tenía 85 escaños. Se requieren dos terceras partes de la Cámara, que tiene 128 miembros, para aprobar reformas constitucionales. Aquí es donde aparece Miguel Angel Yunes Marquez, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Cuando empezó el debate, Yunes Marquez solicitó licencia y le cedió su lugar a su padre y suplente, Miguel Ángel Yunes Linares. En medio de la discusión en el recinto, manifestantes irrumpieron en la Cámara Alta, mientras reclamaban la “traición” de los senadores. Esto provocó un receso de la sesión
Unas horas más tarde, sin embargo, Yunes Marquez reapareció en el Congreso y finalmente dio a conocer la intención de su voto. En medio de reclamos y gritos de “Yunes traidor” por parte de opositores , el panista votó a favor de la reforma y dio fin a la discusión en el Congreso el 11 de septiembre.
El siguiente paso era que la mitad +1 de los Estados de México aprobaran la reforma, lo que se consiguió tras el visto bueno en 18 Congresos locales.
Finalmente, el 15 de septiembre, en vísperas del aniversario del Grito de Independencia, AMLO, junto con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, firmó el decreto presidencial que luego fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el equivalente al Boletín Oficial argentino.
¿Puede ser anulada la reforma?
Si alguien considera que vulnera derechos fundamentales o principios constitucionales, poseen 30 días hábiles para presentar recursos legales, como el amparo indirecto o la acción de inconstitucionalidad. Esto permitirá que jueces federales y, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisen la reforma.
Sin embargo, lo más probable es que siga su curso y sea implementada efectivamente a partir de las elecciones del año próximo.
